El Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales elegidos democráticamente para ejercer el poder político, administrativo y financiero tienen una deuda con los territorios y comunidades en garantizar los derechos fundamentales. El Estado en tanto modelo de la gestión de lo común, al ser parte del legado colonial es incapaz de crear y ejecutar acciones que resuelvan las problemáticas generadoras de violencia e inseguridad, limitándose a prometer soluciones a través del uso de tecnologías autoritarias que promueven y encubren el control y la opresión estatal.
