Durante las últimas semanas en Ecuador muchas cosas han cambiado y otras permanecen igual. La Asamblea Nacional ha sido sesada por decreto presidencial, el Presidente Guillermo Lasso continuará su mandato por algunos meses más, y acaba de iniciar una campaña electoral en la que se definirá quienes se harán con los poderes ejecutivo y legislativo.
En Ecuador se vive una crisis económica y social en la que destacan el empobrecimiento como resultado de la profunda inequidad y la violencia social que se expresa en récords históricos de muertes cruentas en parroquias rurales, barrios depauperados y prisiones. En este contexto, aparecen varios actores con voluntad de disputar las elecciones y hacerse con el poder estatal; varios son viejos conocidos de la política nacional y otros son personajes oscuros, solo aparentemente nuevos en la política, pues en su historia empresarial han ejercido control privado sobre y del Estado desde hace muchos años, gobernando desde las sombras.
Empecemos esta reconstrucción el 19 de abril de 2023. En un programa de radio, un carismático empresario guayaquileño, en un gesto de sinceridad política, comenta sobre su potencial carrera política: “La gente que me conoce sabe, yo tengo cero paciencia, haría un pésimo trabajo” como gobernante.
Tiempo atrás, en 2018, durante su gobierno, el expresidente Lenín Moreno denuncia al ECU911, una poderosa institución pública de vigilancia e intervención estatal en situaciones de emergencia creada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, en estos términos: “las tareas a las que debía dedicarse de maneras exclusivas fueron diversificadas a otra tarea perversa que es la del espionaje a adversarios políticos y a ciudadanos [a los] que se quería presionar”.
El ECU911 es un centro logístico de gestión de emergencias que incorpora extensas salas en las que se monitorea todo el país a través de sistemas de información y de videovigilancia. Fue implementada con una millonaria y cuestionada inversión china ejecutada durante varios años del gobierno de Rafael Correa.
Es una de las pocas instituciones que, en la misma medida con la que aumentan el empobrecimiento, la violencia y la delincuencia en el país, aumenta su presupuesto y capacidades de manera sostenida (ECU911. Informes anuales 2021, 2021, 2022). Se trata de una institución beneficiada por todos los gobiernos de turno con un multimillonario presupuesto. Una institución que depende directamente de la Presidencia de la República, y que tiene una larga tradición de estar liderada por ex oficiales relacionados con servicios de inteligencia, ejército y policía (ECU911, Estructura jerárquica 2016-2023).
La declaración de Moreno pretendía apuntar al autoritarismo que se le atribuye a su predecesor al decir que se le daba mal uso a dicha institución, pero en realidad estaba confirmando la misión principal de esta: “el espionaje a adversarios políticos y a ciudadanos”; trabajo que requiere de actores empresariales que, aparentemente lejos de la burocracia y a veces lejos de la Ley, logran moverse con la libertad que otorga la invisibilidad para recomendar, importar, instalar y mantener nuevas tecnologías y estrategias de vigilancia y control que nunca son suficientes para la seguridad en el Ecuador.
Ahora bien, ¿qué tienen que ver las declaraciones del expresidente Moreno, el poderoso ECU-911, la videovigilancia y el espionaje a adversarios políticos con un candidato que dice ser nuevo en la política? Parte de la respuesta nos la dan: una muestra cínica del enorme poder económico y por tanto político de dicho personaje; el escándalo de las cámaras de videovigilancia en la Ruta Viva; y, una denuncia pública realizada el 12 de junio de 2022.
En primer lugar, nos referimos a la instalación de cámaras privadas por la voluntad de un empresario guayaquileño en el puente fronterizo Rumichaca. Haciendo gala de la gestión del Estado desde lo privado, Jan Topic pudo disponer la instalación de un sistema de videovigilancia con analítica de datos en el principal paso terrestre de la frontera norte de Ecuador y, sin mayores problemas, jactarse públicamente de haberlo hecho sin tomar en consideración ninguna norma o ley. Esto sucedió el 15 de abril de 2023, mientras el gobierno de Guillermo Lasso establecía acercamientos con Topic y le ofrecía el puesto de Secretario de Seguridad de la Presidencia. Estas fueron las palabras públicas de Topic:
Así, de manera pública, nos encontramos con un claro abuso de poder, que posiblemente sea solo la punta de un iceberg, pues en otro suceso veremos cómo podría tratarse de un modus operandi.
Desde 2014, Jan Topic ha sido presidente de la poderosa empresa de tecnología fundada por su padre: Telconet Latam; empresa que ha sido ampliamente cuestionada en varias ocasiones. Esta multimillonaria empresa es proveedora del estado.
Entre muchos otros procesos de contratación pública, en 2022 ganó la licitación LICS-CSCG-002-2022 “SERVICIO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y ALERTA DE CAPTURA, TRANSMISIÓN, ALMACENAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE VIDEO CON ANALÍTICA DE DATOS AUTOMÁTICA” por un total de 29,5 millones de dólares para la instalación de 15 mil cámaras de videovigilancia en Guayaquil.
Aquí surgen algunas preguntas: ¿Podría ser que Topic usó la infraestructura y servicios contratados por la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil para la instalación de sus cámaras en el puente de Rumichaca? ¿Puede haber sucedido que usó las licencias de analítica de datos de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil para registrar el paso de autos y personas en el puente fronterizo cuyo control es responsabilidad el Ejército Ecuatoriano? ¿Las cámaras instaladas en el puente de Rumichaca son un favor, un regalo o su propiedad privada? ¿Se debe dar por sentado, como sugiere su tuit, que él tiene la capacidad de gestionar el poder público de manera justa, aunque sea privada y para-estatal?
En el mismo sentido, otro evento llama la atención. El 2 de mayo de 2023 un escándalo sacude algunas redes sociales en la ciudad de Quito: ciudadanos alertan sobre la existencia de 9 cámaras de vigilancia instaladas en la Ruta Viva, la importante vía que conecta Quito con el aeropuerto internacional, que pasa por los valles de Cumbayá y Tumbaco; es decir, una de las principales vías rápidas de la capital de Ecuador. En uno de los tantos artículos que documentan el intrigante suceso se indica:
“En abril, 11 personas que fueron detenidas manejaban un centro de monitoreo desde donde observaban a sus víctimas.
En la Ruta Viva, de Quito, hay nueve cámaras que ni el Municipio ni la Policía saben de quién son, aunque tampoco las retiran. A mitad del kilómetro 001 de la Ruta Viva, en el oriente de Quito, hay tres cámaras blancas, debajo de un puente. Metros más adelante hay dos puentes más, con tres de estas cámaras cada uno. En total hay nueve dispositivos de videovigilancia que, si bien podrían parecer una medida de seguridad, demuestran la vulnerabilidad de la Capital y sus habitantes: nadie sabe de quién son.”
Y más adelante, en dicho artículo de Diario La Hora se afirma: “El ECU-911 confirmó que no trabajan con ese tipo de cámaras”.
Luego de prácticamente un mes de especulaciones, y posiblemente investigaciones por parte de la policía sobre la propiedad de dichas cámaras, el 31 de mayo de 2023 el ECU-911, la misma entidad que ya había dicho no conocer sobre la procedencia y propiedad de las cámaras, se contradice mediante un tuit e indica lo siguiente:
Este evento nos trae nuevas preguntas: ¿Desde cuándo sabía el ECU-911 sobre la instalación de estas cámaras? ¿Por qué lo negaron en primera instancia y durante un mes? ¿Fueron instaladas por voluntad de la empresa para luego presentar sus hallazgos y ayudar a justificar otro millonario proceso de contratación? ¿Estas cámaras son también un regalo de alguna empresa para que la familia Topic pueda ofrecerle nuevos productos y servicios al ECU-911? ¿Qué datos y tecnologías se estaban probando en la demostración? ¿Por qué tardó un mes el ECU-911 en aclarar el evento?
En pocas semanas analizaremos los regalos que supuestamente negociaba un representante regional de la cuestionada empresa Hikvision con el hijo de un exalcalde de la ciudad de Quito. Lo anunciamos aquí porque encontramos una relación directa con este caso, pues todos los dispositivos nombrados en este artículo son de dicha marca, por lo que es posible que los regalos que menciona Jan Topic vengan de Hikvision.
El análisis que presentamos hasta aquí es muy importante porque nos permite empezar a discutir lo evidente: que los gobiernos de elección popular integran múltiples actores francamente gubernamentales, aunque privados, estratégicamente invisibles.
De hecho, es lícito pensar que la familia Topic viene, en cierto modo, gobernando a pesar de los cambios de gobierno a lo largo de tres periodos presidenciales, aparentemente antagónicos entre sí, percibiéndose como personas que están por encima del Estado, gobernando “sin burocracia”, por encima de las instituciones y al margen de la ley, negociando, creciendo, desplegando, en este caso, enormes dispositivos de vigilancia, control y seguridad armada.
Finalmente, un evento que consideramos aún más grave que los anteriores abona a la hipótesis de encontrarnos con un modus operandi y no frente a hechos aislados aunque escandalosos. En 2022, una denuncia pública pasó inadvertida: El 12 de junio, la organización social más grande del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), denuncia lo siguiente en sus redes sociales oficiales:
En la denuncia en cuestión se documenta un inusual operativo en el que dos furgonetas blancas escoltan a un camión de la empresa Telconet Latam en las afueras de la sede de la CONAIE en Quito, para realizar la instalación de una cámara en un poste saturado y con malas condiciones de visibilidad hacia la calle. Se trata de una cámara con capacidad analítica que, según fue documentado, apuntó su lente y micrófono durante varias semanas de manera exclusiva a las puertas de acceso, al patio y a las ventanas de la sede de la organización social en la capital.
Este evento, paralelo al de la videovigilancia privada en Rumichaca y la Ruta Viva, no solo es una muestra de poder de gobierno privado por encima del Estado, sino que además muestra una alianza política perversa y permisiva entre la empresa privada e instituciones públicas contra los movimientos sociales. Más todavía, se trata de eventos que, al ser públicos, normalizan el uso intransparente y abusivo de los recursos públicos y de lo estatal en sí mismo, así como el uso de tecnologías de vigilancia y control que van constituyendo un poderoso Estado invisible y abiertamente represivo contra los pueblos.
