La manera más perversa de justificar el rol de la tecnología en la gestión de la vida colectiva es hacer de la misma una abstracción, como si se tratara de algo que se aloja en el espacio de lo inmaterial y cuya acción sobre la humanidad es todopoderosa; casi milagrosa. Es justo allí donde se asoma la vileza de dos procesos de contratación pública que desde el tecnosolucionismo* se plantean como la solución a los problemas de inseguridad de Quito y Guayaquil. Sin embargo, al observarles de cerca, son procesos infestados de corrupción y engaño, haciendo uso de monumentales recursos públicos que, en lugar de atender los problemas sociales que están a la base de la inseguridad, alimentan capitales de empresas multinacionales, mientras que la ciudadanía está cada vez más empobrecida y la violencia continúa rompiendo el tejido social.
Desde NosVigilan compartimos alguna información sobre estos dos procesos de contratación pública en las dos ciudades más importantes del Ecuador, con la intensión de alertar sobre las irregularidades más recurrentes en los procesos de compra e implementación de tecnologías de vigilancia en el país, al tiempo que se llama la necesidad de exigir que sean respetadas las leyes nacionales y los derechos humanos en la implementación de estas tecnologías. La complejidad que implica comprender la incidencia de las tecnologías en la gestión de la vida en común no puede magnificarse y usarse como cortina de humo para disuadir a la ciudadanía y en nombre de la seguridad, justificar el despilfarro de recursos.
“Ojo de Dios” es el nombre del plan de seguridad del gobierno de Jorge Yunda (Alcalde del Municipio de Quito entre 2019 y 2021 cuando fue removido de su cargo por el Consejo Metropolitano de Quito a raíz de las investigaciones en su contra por presunto peculado) en el marco del cual se celebraron tres contratos para la adquisición de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial que presentan irregularidades y cuyos escándalos de corrupción han sido muy bien seguidos por la prensa nacional, ya que se encuentran involucrados Sebastián Yunda y Cesar Yunda, el hijo y el hermano del entonces alcalde de Quito. En el ojo de este huracán estuvo el “Guagua Yunda” o “Baby Yunda”, cómo fue llamado el hijo del exalcalde por los medios de comunicación nacional durante el despliegue de noticias tras la difusión del contenido de sus chats con funcionarios de altos cargos (de ese momento) del Municipio de Quito, un directivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China y su esposa, algunos directivos de la *Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (*Emseguridad) y con representantes de empresas distribuidoras de tecnologías de vigilancia en el Ecuador.
Las conversaciones de chat evidenciaron el accionar organizado de un grupo de personas que aprovechaba sus relaciones familiares y de amistad para amañar un proceso de compra pública en el que los involucrados obtuvieron réditos económicos. El Boletín de prensa N°089-DC-2022 la Fiscalía General del Ecuador reconoce en este caso el delito de asociación ilícita que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Desde el inicio de la gestión de su padre, el “Baby Yunda” hizo real el imaginario de “macho perseguido por la ley, pero al que la justicia no le toca un pelo” del que hablan las canciones y representan los vídeos de su banda de música urbana llamada 4 AM. Al repasar sus chats llama la atención la desvergüenza que hay tras la ingenuidad del tono con el que el “Baby Yunda” sostiene las conversaciones con cada una de las personas involucradas. Seguro de su blindaje, aprovecho el cargo de su padre para obtener recursos económicos gracias a su participación en procesos de compras públicas y beneficiar a su agrupación musical con coimas, patrocinios y contratos directos, abusando de su influencia como hijo del alcalde.
A pesar de que la noticia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación, aún no existen atisbos de justicia sobre este caso y pareciera que el sueño de Sebastián Yunda de ser un “malandro que esquiva a la ley” se esta realizando. Además de las irregularidades en el proceso de contratación, durante el presente año los medios de comunicación han difundido que las cámaras compradas no han sido usadas para los fines del contrato, la solo están siendo utilizadas con fines de visualización y no para el reconocimiento facial. Al parecer los funcionarios involucrados en el proceso de contratación pasaron por alto la falta de un marco legal en el país que permita la implementación de sistemas de reconocimiento facial que incluya la regulación sobre el uso de bases de datos por tarde de todas las instituciones involucradas, incluyendo la empresas proveedora de los dispositivos y servicios de almacenamiento de información. Parecería que detrás de los poderes milagros atribuidos a la tecnología con el plan “Ojo de Dios” se escondía una estafa; una promesa de progreso que desde el principio estaba condenada al fracaso.
El primero de los contratos del plan de seguridad “Ojo de Dios” de Jorge Yunda fue por un monto total de $602,976.00, con un equipamiento similar y casi al mismo tiempo de un proceso de compra en Guayaquil por $2´569.906,41. A pesar de la exaguerada diferencia en el presupuesto este caso no tuvo el mis cubrimiento por la prensa y se desconoce quienes fueron las personas involucradas. “Servicio de Sistema Automatizado de Monitoreo y Alerta de Captura, Transmisión, Almacenamiento y Análisis de Información de Audio y Vídeo con Analítica de Datos Automática” es el plan en el que se inscribe el proceso de contratación para la “Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de cien cámaras de vídeo vigilancia con megafonía y analítica de reconocimiento facial para el control y vigilancia del entorno de centros educativos desde el sistema de vídeo vigilancia del Cantón de Guayaquil” CSCG-SIE-007-2019.
Además de la corrupción, la desatención de poblaciones vulnerables y la indiferencia sobre la crisis social que afronta el país, tal vez la mayor violencia contra la población que encarnan estos procesos de contratación pública esta en el objeto del contrato de Guayaquil. Al tener cómo objetivo la instalación de cámaras de reconocimiento facial en los entornos de centros educativos, condenando a la sospecha y la desconfianza a la totalidad de la comunidad escolar en lugar de atender las ausencias del Estado que han provocado la actual crisis social. Si bien esta no es la primera vez que en Guayaquil se recurre al uso de cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad en los entornos educativos, en este caso las cámaras incluyen software de reconocimiento facial y sistema de perifonéo. Sin embargo, resulta difícil comprender porque un país con los problemas sociales y económicos que tiene el Ecuador se pueda dar el lujo de invertir más de dos millones y medio de dólares en 100 cámaras de vigilancia, en lugar de invertir en programas sociales que mejoren la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y sus familias. El tecnosolucionismo es una cortina de humo detrás de la cual se esconde el desfalco del Estado y la indiferencia de los gobernantes por trabajar de manera efectiva para sacar a Ecuador de la crisis que afronta. Mientras tanto se esta implantando un Estado de control y vigilancia que profundiza la violencia.
A continuación compartimos una tabla comparativa del equipamento y servicios contratados en los dos procesos de compras públicas mencionados:
